Según la noticia, todo empezó en 2018 en su excelente análisis de los límites reglados del modelo parlamentarista, que permitía un cambio en la aritmética de apoyos parlamentarios para refrendar su investidura como presidente del Gobierno. Y lo hizo en pro de la “limpieza institucional del país”, tras los escándalos de corrupción ya judicializados que, una década atrás, habían surgido en el seno de la oposición, encarnada en el Partido Popular. El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, según la noticia, merece un lugar distinguido entre los príncipes que han empleado la táctica con suma maestría, explorando los umbrales del ejercicio del poder de forma original y cáustica; y disuadiendo, con sendos golpes de efecto, cualquier oposición con su correspondiente táctica, ya demostrada estéril a efectos de apearle de la presidencia de Gobierno. Ha ido comparando la política con el ejercicio de la guerra mediante cauces institucionales. Aunque el concepto guerra tiene una dimensión mayor que, la que se le suele atribuir el ejercicio de la política tiene que ver con el empleo de tácticas y escaramuzas, de estrategias fundamentadas como en el arte de la guerra. Según el texto publicado se trata de un presidente en minoría social y una ley (la que veamos más abajo) electoral que, adultera la representación política. La fundamentación que sustenta el poder de Pedro Sánchez afirmando, que es legal-racional.
Basando lo anteriormente dicho en el argumento que, en el momento de la elección en 2018, la representación parlamentaria del Partido Socialista era de 90 escaños (22,00% del voto emitido con 5.545.315 votos); siendo la del Partido Popular 123 escaños (28,71% del voto emitido con 7.236.965 votos). Para lograr la presidencia tuvo la capacidad de seducir a grupos parlamentarios que representan intereses periféricos en la nación española (fuerzas regionalistas o directamente independentistas). Después en las elecciones generales en 2019, el partido que lidera se impondría con 6.792.199 votos y 120 diputados, seguido del Partido Popular con 5.047.040 y 89 diputados. Tras transcurrido el periodo de la pandemia, ya en julio de 2023 y tras unas elecciones autonómicas Pedro Sánchez consigue incluso incrementar en un escaño su representación en el Congreso de los Diputados con respecto a la anterior legislatura (7.821.718 y 121 escaños), aunque sin ser la fuerza política más votada, algo que sí consiguió el Partido Popular (8 160 837 y 137 escaños).
Aquí es importante mencionar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (en adelante, LOREG) la que ya afirmamos, porque genera un efecto que penaliza la discreción de voto. Se trata de aquellas opciones políticas que, aun estando presentes en toda la geografía nacional, pierden la opción de tener representación en distritos o circunscripciones poblacionales menores.
De igual modo, la LOREG no premia ni sobrerrepresenta, pero sí garantiza una representación electoral proporcional de aquellas fuerzas parlamentarias que concentran su voto en áreas de poblaciones como Madrid, Barcelona o Valencia. Así, la suma entre la representación, los electores del Partido Popular cresen y en julio de 2023 (8.160.837 con el 33,06% del voto) y de Vox (3.057.000 con el 12,38% del voto), es de 11.217.837 con el 45,44% del voto; mientras que la suma de las dos fuerzas políticas que forman parte actual Ejecutivo, PSOE y Sumar es del 44,01% del voto.
En la actual noticia además se habla de la obtención del Gobierno por parte de Pedro Sánchez declarándola como legítima desde el punto de vista institucional, de ahí que la fundamentación de su poder desde un punto de vista taxonómico sea legal-racional. Aquí se tienen en cuenta a los dos grupos parlamentarios que forman parte del Ejecutivo, que son quienes someten a las Cortes Generales un programa de Gobierno.
Además, con la afirmación de que, en ningún caso, pueden entenderse como parte del Poder Ejecutivo a los grupos parlamentarios representados en las Cortes Generales. Y mediante su abstención, dieron la confianza al presidente del Gobierno, pues no forman parte de la acción de Gobierno ni disponen de facultades ejecutivas, más allá de la que dispone cualquier grupo parlamentario en los naturales procedimientos legislativos habilitados por nuestro ordenamiento jurídico, como el RD-Legislativo; o el eventual juego de sumas en un proceso de Proposición de Ley.
En la noticia se habla del especial significado de estos efectos tras realizar el análisis del ¨juego de apoyos sociales¨ en base a la representación parlamentaria de los dos partidos que forman parte del Poder Ejecutivo y realizar el pertinente análisis sobre el refrendo o reproche social que de su acción de gobierno devenga. Mencionando el principal procedimiento de aprobación normativa empleada en los últimos años (RD-Ley y Proposición de Ley en detrimento de Ley Ordinaria o Ley Orgánica).
Todo el aire de esta noticia viene a demonstrar que se trata de un Gobierno en minoría que opera mediante las prerrogativas de acción normativa del Poder Ejecutivo. Además, se afirma, que tiene un posicionamiento táctico contra la libertad de prensa y las acciones judiciales que afectan a los actores que forman parte del Gobierno.
Como ya hemos dicho, según el texto citado, El Gobierno, no cuenta con el apoyo de una mayoría social que le respalde y esto le hace especialmente vulnerable ante una contingencia de hostilidad. Teniendo el riesgo de caer en supuestos o hechos de corrupción como ya tenemos ejemplo en (Trama Koldo, Caso del “Tito Berni” o Caso Mediador, Caso Azud o de financiación ilegal del PSPV, Caso Begoña Gómez) y otros que podían explotar en los próximos días incluso afectando al propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez (Caso Pegasus).
Aquí, por ejemplo, desde el punto de vista de la táctica, según el texto referido, el método empleado es crear un marco discursivo donde la sospecha más débil o peor fundamentada desde el punto de vista jurídico (Caso Begoña Gómez). O, dicho de otro modo: que el eventual archivo de la denuncia presentada por ¨Manos Limpias¨ y recaída en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid cuya titularidad recae en el juez Juan Carlos Peinado García, neutralizaría el resto de acciones judiciales en marcha. Inoculando la idea a la opinión pública de que hay una prosecución desde el aparato judicial (lawfare), incitada desde sus respectivas terminales mediáticas.
Según el texto de la noticia, el actual Gobierno opera totalmente enajenado de la razón. Y, además, ha agotado las baterías de la praxis racional. Todo lo que ha pasado ha servido al presidente del Gobierno para realizar un análisis material de los apoyos de los que dispone desde su bloque de poder; y de generar una nueva ola de opinión que hace impermeable a sus acólitos de cualquier análisis racional acerca de sus problemas con la corrupción.
Finalmente, y dado el empleo de términos como lawfare —cada vez más constante en el seno del Ejecutivo, lo que pretende es, de nuevo, impermeabilizar a la opinión pública sobre los escándalos de corrupción que le afectan. Tal y como asirse de otro artefacto discursivo que le permita presionar para renovar el CGPJ y el TS, culminar una renovación con la que podría contraponer el orden jurisdiccional español y el europeo sobre la ley de amnistía. Y por supuesto, en el mismo tiempo, blindar a los miembros de su partido político ante las causas de corrupción que se han de dirimir, dada su condición de aforados.
